Es necesario una nueva reforma para garantizar la independencia y fortalecer la figura del fiscal anticorrupción, aún por nombrarse en el Senado, coincidieron especialistas e integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Octavio López Presa, integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseveró que para que se fortalezca al fiscal anticorrupción se buscará desde el Comité “todas la reformas legales y constitucionales que sean necesarias, y vamos a hacerlo de alguna manera en compañía de la sociedad y de los actores políticos, porque eso va a ser bueno para el país”.
Precisó que es necesario cambiar la forma en la que se elige a esta figura debido a que en la actualidad depende de una sola persona su nombramiento así como su remoción.
“Sería removido por la voluntad de otra persona, eso es inestable, desde mi perspectiva no le da fortalece al sistema, lo hace vulnerable, entonces yo creo que esa pieza habrá que repensarla, como está, es vulnerable, y eso no le conviene al sistema ni a lo que queremos como país”, dijo.
Añadió que será necesario generar mayores pesos y contrapesos para que este tipo de decisiones no quede aislado de la opinión pública. “Si eso requiere reforma constitucional, porqué no”.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, consideró que si bien hay un retraso en la designación del nuevo fiscal por parte del Congreso, ello no significa que exista un vacío.
Detalló que el lugar en el Comité no se queda vacío ante la ausencia de un fiscal anticorrupción, ya que éste lo ocupa el procurador general de la República, Raúl Cervantes.
“Hay un responsable. Lo que se busca con la designación del fiscal es especialización. Es que igual que con la materia electoral, por ejemplo, o temas de derechos humanos se vaya especializando el nombramiento”.
Bohórquez indicó que al procurador, como responsable de ello, se le puede preguntar cómo van los casos de Veracruz, Guerrero, del fiscal de Nayarit, y si la PGR los atraerá o no.
Asimismo, el director de Transparencia Mexicana (TM) defendió que “no es tan fácil” alcanzar un acuerdo para la designación del fiscal anticorrupción, y no sólo por razones partidistas.
“Primero, ningún partido en el Senado tiene mayoría por cuenta propia, entonces todos los asuntos se van vinculando con temas electorales, es inevitable. Luego tienes a un PRD desmembrado que no te permite tampoco formar una mayoría”.
Advirtió que el Senado sería “duramente criticado” si el nombramiento no está acorde con las expectativas de la sociedad.
“Por eso tengo la impresión de que no tomaron los cuatro nombres en automático que planteó el Comité de Acompañamiento y regresaron a la lista de los 22 (aspirantes) para hacerlos elegibles, porque es una enorme responsabilidad política para el Senado nombrar un fiscal anticorrupción”.
Indicó que al no ser un nombramiento menor, no ha sido fácil encontrar los consensos, además de que se han atravesado otros asuntos, como la designación de Paloma Merodio para el Inegi, que ha generado debate en la Cámara Alta.
“Y está adicionalmente el otro asunto, que viene desde noviembre del año pasado, que son los transitorios al artículo 102 constitucional, que traían el fast track para el nombramiento del fiscal general.
“Creo que hay varias razones que explican por qué no se han alcanzado los consensos en este momento, y el contexto electoral abierto tampoco es favorable al nombramiento”.
Haydeé Pérez, directora de Fundar, coincidió con que el tema de la elección del fiscal anticorrupción es central; sin embargo, refirió que es necesario que se genere una discusión paralela sobre una reforma al artículo 102 de la Constitución, en lo que concierne al nombramiento del fiscal general.
“Un Sistema Nacional Anticorrupción sin una Fiscalía Especializada en materia de corrupción, que se en marque en una institución con falta de independencia y autonomía política, tiene pocas probabilidades de ofrecer los resultados que todos estamos esperando”, expuso.
Pérez añadió que cualquier sistema se puede perfeccionar con el tiempo. El SNA, dijo, cuenta en estos momentos con las herramientas necesarias “para poder cumplir con su mandato. Donde habría que hacer más énfasis es en la necesidad de tener una fiscalía general independiente, autónoma, profesional, para que efectivamente no haya un cuello de botella” en la investigación y sanción.
(El Economista)
