Fiscales de Corea del Sur solicitaron la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024. La medida, considerada ilegal y antidemocrática, provocó una grave crisis política que derivó meses después en su destitución.

De acuerdo con el equipo especial a cargo del caso, Yoon habría abusado de su poder al recurrir a las fuerzas armadas para intentar controlar la situación política del país, lo que fue interpretado como un atentado contra el orden constitucional.

El juicio contra el exmandatario es uno de los más relevantes en la historia reciente de Corea del Sur y podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios. La defensa rechaza las acusaciones, mientras el proceso continúa bajo fuerte atención nacional e internacional.



-EUROPA PRESS-