los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados solicitaron al INE cancelar el registro de 26 candidatos judiciales, al considerar que 18 están vinculados a delitos graves como abuso sexual, peculado y delincuencia organizada, y 8 no cumplen con el promedio mínimo académico de 8.0 en licenciatura.

Se argumenta que algunos de los implicados tienen órdenes de aprehensión o han sido defensores de criminales, lo cual comprometería su imparcialidad. Legisladores subrayan que el voto popular no sustituye los requisitos éticos y legales para ejercer funciones judiciales.

Esta acción ocurre en el marco de las primeras elecciones judiciales en México, programadas para el 1 de junio, en las que más de 99 millones de ciudadanos elegirán 881 cargos. Diversos sectores han advertido sobre riesgos de intromisión del crimen organizado y del Poder Ejecutivo en el proceso.



-EFE-