La directora del Centro de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán destacó que ahora los tratados internacionales ya no son un tema exclusivo de aplicación por un erudito, sino una obligación de todo juez.

En entrevista, expresó la necesidad de que estos funcionarios conozcan los diversos tratados internacionales que México ha suscrito y sus partes fundamentales, así como casos concretos de aplicación.

Para el caso específico de Yucatán, expuso que las autoridades deberán garantizar ahora por ley y no por una necesaria solicitud del acusado, traductores en lengua maya cuando se trate de un integrante de esta lengua.

Lo anterior, en apego al cumplimiento del derecho internacional en materia de pueblos indígenas que así lo obliga.

Con la reformas al artículo primero constitucional, dijo, se asumen compromisos, tales como hacer cumplir tratados internacionales de protección a la infancia, a las mujeres vivir libres de violencia o lo que se conoce como ley de género; etnias y personas con discapacidad, entre otras.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial del estado, Marcos Celis Quintal, afirmó que el nuevo sistema de justicia penal que se aplica en Yucatán tiene como objetivo central cumplir con las normas internacionales y ofrecer una justicia pronta y expedita, con la máxima garantía de respeto a los derechos humanos.

Recordó que en 2013 concluirá la instalación de juzgados orales para de esta manera reducir el tiempo de sentencias, además de implementar otros mecanismos alternativos de justicia a fin de evitar la saturación de casos en los tribunales locales.

Muchos de los casos que se atienden, expuso, corresponden a situaciones de conflicto vinculadas a lesiones menores, pleitos entre vecinos, daños en propiedad ajena y delitos menores en un 80 por ciento de los casos.

Sólo el 20 por ciento llegará a un juicio, lo que también implica asumir las medidas que dictan tratados internacionales al respecto, explicó.

El taller que se verificó en esta capital fue impartido por El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su oficial de programas para México y el Caribe, Vitorio Corasaniti.

Dicha institución apoya a México en materia de capacitación jurídica, al ser este país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El taller, que duró dos días esta semana en la capital yucateca, contó con la participación de funcionarios de diversas instancias judiciales de la entidad y de la procuración de los derechos humanos.

Entre ellos estuvieron funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía General, Consejería Jurídica y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.


(Notimex)